Juez federal suspende ciertas cláusulas de la Ley Arizona SB1070

La Ley SB1070, una de las iniciativas legales más controvertidas del último tiempo - junto con la reforma financiera en Estados Unidos – ha sufrido la pérdida de algunas de sus cláusulas más poderosas y riesgosas para la comunidad inmigrante de Estados Unidos, la de imponer como obligación a las fuerzas policiales (estatales y locales) ejercer funciones migratorias en coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La artífice de este bloqueo fue la jueza federal Susan Bolton, quien a menos de 24 horas de la entrada en vigencia de la Ley Arizona consiguió suspender el más terrible de los efectos.

Una de las cláusulas que fue suspendida en esta ley fue el inciso tercero, que otorgaba la categoría de “crimen” a la condición de no portar registro de identificación y solicitar empleo en áreas públicas.

Otro de las aspectos más controversiales de la mencionada Ley SB1070 ha sido la facultad brindada a la policía de “detener” a quienes resulten sospechosos de no cumplir con la regulación legal vigente y quedar sujetos a una deportación inmediata. El problema de la deportación forma parte de una gran discusión, en la que hay quienes argumentan que no existe motivo plausible en el Código Federal para elaborar una lista de crímenes que ameriten deportación inmediata, y por lo tanto, siempre ésta condición quedará sometida a la decisión de un juez de inmigración.

La posibilidad fáctica de llenar las cárceles con personas que están detenidas con el único propósito de verificar su situación migratoria, conlleva a un grave conflicto con la Ley de Arizona SB1070, de ahí que la segunda parte del inciso segundo contemple la posibilidad de dejar en libertad a un sospechoso, aún cuando no esté determinada su situación migratoria, lo que obviamente volvería absurda su detención inicial.

A pesar de que la población indocumentada, susceptible a mayores detenciones injustas fundadas en la mera sospecha, haya recibido la noticia del bloqueo como algo positivo, las expectativas no son del todo definitivas, ya que la suspensión que se ha hecho en la vigencia de estas cláusulas subsistirá hasta que el sistema legal resuelva el conflicto, lo que puede tardar varios años.

Un punto importante de destacar es que el fallo de la jueza Susan Bolton, servirá como precedente legal para cualquier otra iniciativa similar a la Ley Arizona en el resto de estados del país.

Modificaciones de último minuto a la ley SB1070

El 23 de Abril del 2010 comenzó la iniciativa legal de la Gobernadora Jan Brewer que pretendía solucionar los problemas migratorios que una ley federal inexistente dejaba a la vista. Con la generación de un clima evidentemente tenso, la política antiinmigrante irrumpió en la escena y se dividió Arizona y de paso Estados Unidos en un debate que obligó al presidente, Barack Obama, a actuar con rapidez en declaraciones sobre su posición al respecto.

La presión se dejó sentir, muchos organismos a favor de los derechos de las personas y la no discriminación apuntaron a que la normativa no hacía más que sindicar a un perfil racial determinado, en vez de resguardar la seguridad de los habitantes de Arizona, por ello, Brewer a una semana de la promulgación de la normativa modificó en parte la ley y suprimió la obligación de la policía de detener por sospecha razonable, aunque sí faculta para requerir documentos migratorios en caso de cualquier otro tipo de detención. No obstante los esfuerzos de Brewer por mantener a flote su iniciativa de ley, los cambios señalados por la jueza Bolton, suprimen la obligatoriedad de portar documentos migratorios válidos (que confirmen el estatus migratorio).

La situación actual de la Ley SB1070

¿Qué involucra la Ley Arizona?

• No se podrán contratar a jornaleros en la vía pública (prohibición para cualquier persona que conduzca un automóvil)
• Se entiende como delito el transporte, refugio o protección de personas indocumentadas o extranjeros sin permiso de permanecer legalmente en Estados Unidos
• Posibilita el uso de tretas, artimañas, artificios u otro tipo de estratagema que permita descubrir a quien contrate inmigrantes indocumentados

Cláusulas pendientes de revisión en la Ley SB1070

• No existe ciudad, estado o entidad gubernamental que pueda promulgar política alguna con la intención de limitar la inmigración federal
• Sólo se podrá consultar a una persona sobre su estado migratorio cuando exista “contacto legal”, es decir, cuando se proceda a un arresto o detención por una normativa vigente en el condado, ciudad o pueblo de Arizona
• Será tomado como delito menor Clase1 el postular, solicitar o realizar trabajos como contratista o trabajador independiente, sabiendo que se es indocumentado
• Alentar a una persona, que es indocumentada, a entrar al territorio de Arizona será considerado un acto ilegal

Jan Brewer piensa en el bloqueo como un contratiempo

Absolutamente confiada, y presintiendo que esto iba a ocurrir, Jan Brewer procedió a decir a la prensa internacional que: “Esto es sólo un sobresalto, pues el proceso judicial acaba de empezar”. Con una actitud segura, la Gobernadora de Arizona está confiada en que la apelación era el camino a seguir para cualquiera de las dos partes involucradas en el proceso legal, por lo que sugirió tener calma y esperar el momento para apelar a la decisión de la juez Susan Bolton.

Aunque se mantuvo calma en las declaraciones, uno de los dardos apuntó de inmediato al Gobierno, señalando que “decisiones como éstas son las que facultan al Gobierno para sentarse tranquilo sin hacer su trabajo”.