Inmigración: ¿Qué opina la Iglesia?
Es imposible pretender que una persona que dedica su vida a servir a Dios y a sus semejantes se someta a políticas no humanitarias, por más que estas sean necesarias para el ordenamiento, el funcionamiento y la seguridad de la nación. Dicha posibilidad atenta contra la naturaleza misma de la auténtica vocación religiosa.
Esta es la premisa que no tienen clara quienes se empeñan en exigir que la iglesia divida a su feligresía entre documentados e indocumentados. Según informó el diario Los Ángeles Times, esta fue la petición que se incluyó en un reciente proyecto de ley sobre inmigración: pedir a los latinos que muestren sus documentos antes de brindarles algún tipo de asistencia y castigarlos si se rehúsan a hacerlo.
Dicha exigencia resulta miope, por no decir torpe. El deber de los miembros de la iglesia, sea católica, protestante, judía u otra, es simplemente ayudar a todo aquel que lo requiera, sin hacer discriminaciones de ningún tipo; ni siquiera a causa de un pasado criminal o una situación ilegal. Esta institución tiene una responsabilidad distinta, no sirve al gobierno, al departamento de policía ni a un ciudadano en particular. El deber de la iglesia es ser solidaria con el ser humano.
A raíz del mencionado proyecto de ley, los medios han dado a conocer en más de una ocasión las opiniones del cardenal de la iglesia católica Roger Mahoney. El Times reportó que, en una entrevista realizada en la víspera del Miércoles de Ceniza, Mahony afirmó que planeaba utilizar el primer día de la Cuaresma para convocar a las 288 parroquias de la Arquidiócesis de Los Ángeles, la más extensa del país, a rezar y ayunar como una forma de presionar por una reforma humanitaria del sistema de inmigración. “Los obispos americanos de la Iglesia Romana Católica apoyan las propuestas por un programa de trabajadores invitados, la legalización de los inmigrantes indocumentados y la emisión de más visas para los familiares de los migrantes”, declaró. En lo que constituyen tal vez sus comentarios más contundentes hasta la fecha, el cardenal anunció también, que instruiría a sus sacerdotes para que desafiaran el mencionado proyecto de ley si este llegaba a ser aprobado por el Congreso.
El propio concepto de castigar a la gente que presta servicios a los inmigrantes es opuesto a los fundamentos de esta nación, afirmó Mahoney. “Si llevamos esta idea a un extremo lógico, nos encontraríamos con una situación ridícula: imagínense que a cada una de las personas que se ponen en fila para recibir la santa comunión se le pidiera mostrar sus papeles antes de ofrecerle la hostia. ¡Es absurdo! La Iglesia no está dispuesta a entrar en ese juego. La Iglesia está aquí para servir a la gente y no vamos a convertirnos en agentes de inmigración”.
Si bien muchos lectores reaccionaron atacando al cardenal por pisar un terreno peligroso –atentando contra el supuesto de que la iglesia no interviene en asuntos de Estado–, muchos también manifestaron abiertamente su apoyo al prelado. No se trata en realidad de que el cardenal se esté involucrando en política, argumentaron, sino de un mensaje claro que le está enviando a sus parroquianos sobre la posición que, como cristianos, les corresponde asumir en relación a la inmigración ilegal. “Él, simplemente está pidiendo a sus sacerdotes –dijo un lector– que ayunen, recen y presionen a su manera por un enfoque humanitario del problema, e instruyéndolos para que continúen ofreciendo asistencia a todos por igual”.
¿Cómo pedirle a un sacerdote que se rehúse a brindar los sacramentos de la confesión, la comunión, el bautismo, el matrimonio o la extremaunción a quien lo solicita? ¿Cómo pretender que nieguen apoyo económico o espiritual en tiempos de necesidad sólo porque una persona, que puede estar hambrienta o enferma, carece de residencia legal? Un sacerdote que prive de asistencia a una persona basándose en su estatus migratorio estaría atentando contra la esencia misma del espíritu cristiano y no merecería formar parte de la Iglesia.
Finalmente, estemos o no de acuerdo con las declaraciones de Mahoney, hay un principio básico en juego: la libertad de expresión. El cardenal no tiene ninguna intención de convocar a la desobediencia de las leyes, no está abusando de su posición insinuando que Dios está detrás de sus declaraciones y no posee, además, ninguna autoridad real para obligar a la gente a tomar partido o a realizar actos determinados. No obstante él, como cualquier ciudadano en este país, tiene todo el derecho de hacer públicas sus opiniones.