En muestra de endurecimiento de la política migratoria, Estados Unidos emplaza a unas 1.000 empresas privadas, para que presenten sus registros de personal, a objeto de ser minuciosamente verificados por las autoridades con el propósito de detectar la contratación de inmigrantes indocumentados. Estas auditorías cuyos resultados se harán públicos en los próximos días, constituyen el operativo más importante desde 2009, cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en ingles), realizó una amplia revisión de empresas que operan el área de seguridad pública.

La dependencia estableció un centro exclusivamente para verificar el cumplimiento de las normas laborales y mejorar la coordinación entre los estados, en lugar de que los agentes investiguen por su cuenta y de manera aislada. Las últimas medidas apuntan a varias cadenas nacionales de comida rápida, y se espera que los funcionarios de ICE inicien a la brevedad las visitas a las empresas para informarles los pasos y requisitos exigidos, entre estos, los formularios I-9, para determinar la identificación de los empleados, y si cuentan con habilitación para trabajar en el país.

Se podría extender el programa E-Verify

La legislación establece la prohibición de contratar personal sin permiso de trabajo, pero sólo los contratistas del sector oficial deben regirse por el programa E-Verify, base de datos electrónica que registra a los inmigrantes legales, pero la nueva ofensiva coincide con la presión de un grupo de legisladores para obligar a la totalidad de las empresas, sean públicas o privadas, a consular este sistema, al momento de contratar personal.

Uno de los argumentos esgrimidos por los sectores que apoyan el endurecimiento de las políticas migratorias, es la falta de empleo para los estadounidenses, que se agrava con la competencia desleal e irregular de trabajadores indocumentados.

De allí según ellos, la necesidad de ampliar el sistema de base de datos que detectaría de inmediato a los aspirantes indocumentados, en una suerte de “redada silenciosa” que se estima, dejará a cientos de personas sin empleo. Históricamente sectores como el agrícola, las procesadoras de alimentos y los servicios domésticos son los más vulnerables a la situación migratoria de sus empleados.

Los primeros afectados

Aun antes de que se apruebe la extensión del E-Verify, ya decenas de miles de trabajadores han sido ubicados. El pasado año los auditores intervinieron sorpresivamente a la cadena de comida rápida mexicana Chipotle Grill Inc., que tuvo que despedir forzosamente a cientos de trabajadores de las franquicias ubicadas en Minnesota, mientras cursan investigaciones en las sedes del estado de Virginia y en Washington D.C. Otras empresas en la mira fueron Gebbers Farms, la conocida cultivadora de manzanas, American Apparel Inc., Abercrombie & Fitch Co., fabricante de ropa, y Krispy Kreme Doughnuts.

Aun no hay respuesta masiva

Las compañías que colaboran con ICE se someten voluntariamente a las auditorías y reciben orientación sobre los mecanismos con los que pueden contar para conocer la situación de legalidad laboral de los empleados. Sin embargo, desde que estos procedimientos están vigentes, sólo 115 empresas han participado por iniciativa propia en el programa, lo que indica según algunos analistas, que existe reticencia en someter los archivos privados a escrutinios del gobierno.

La meta tiene cifra y fecha concretas

En definitiva, las medidas del gobierno tienen como meta la expulsión desde ahora y hasta el 2012, de unos 200.000 inmigrantes que presenten antecedentes penales, explicó la Secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, al momento de presentar el proyecto ante el Senado, con el correspondiente presupuesto que prevé un aumento de 157 millones de dólares para la Oficina de Inmigración y Aduanas.

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