Durante el último tiempo en Estados Unidos se ha estado discutiendo mucho la ley SB1070 (Ley Arizona), que lamentablemente se ha visto vinculada a un tema grave de discriminación con los hispanos. Por esta razón la fiscalización hacia las empresas para que no contraten inmigrantes se ha convertido en una caza de brujas, y a su vez se ha prestado para fiscalizar a las empresas que comienzan una búsqueda intensiva de información de los postulantes para conocer su estatus migratorio, lo que tampoco está bien.

En la práctica, muchas son las empresas que se han preocupado por hacer acuerdos fuera de las cortes para encontrar medidas alternativas al problema de la contratación de inmigrantes, más aún cuando hay un pago de multas de por medio. Stephen Yale-Loehr, académico especialista en leyes de inmigración de la Universidad de Cornell, aconsejó a las empresas que no pidan más documentos de los debidos, y que se encarguen de solicitar lo suficiente.

La prohibición de contratar indocumentados en Estados Unidos no viene incluida como novedad en la Ley Arizona, sino que se trata de una normativa anterior (1986), conocida como Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA por sus siglas en inglés), además de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de (INA por sus siglas en inglés). Lo que prohíbe la ley es el contrato de indocumentados “a sabiendas” de su situación migratoria, razón por la cual debe llenarse un formulario conocido como I-9 para verificar esta condición.

Aunque la ley estadounidense es dura, también ofrece con la misma rigidez derechos a quienes sí cumplen con todos los requisitos para optar por un trabajo, impidiendo por medio de la INA que se pidan requisitos especiales o discriminatorios. Hasta ahora el problema no radica en la “discriminación consciente”, sino más bien en una muchas veces involuntaria si se considera que es una problemática ligada a la toma de decisiones, según lo aseveró la abogado Mary Pivec, quien representa a muchas empresas que lidian con esta dificultad. La falta de asesoría adecuada y el desconocimiento de las normas sólo pueden acarrear una aplicación arbitraria y no según el espíritu de la ley.

Con motivo de los acontecimientos de hoy en estas materias migratorias, el Departamento de Justicia ya incrementó el 25% de abogados e investigadores para dar abasto en las Oficinas de Asesoramiento Especial para Prácticas Injustas de Empleo relacionadas a la Inmigración.

Cuando se es demasiado inquisitivo, la ley defiende el “acoso” del empleador que pretende saber por todos los medios si puede o no emplear a una persona (por desconocimiento de la ley), y ahí multa hasta con $1,100 por cada individuo. Parte de los problemas que tiene hoy la Corte Suprema, radican en analizar si una ley del año 2007 en Arizona, permite o no al estado revocar licencias a empresas. Uno de los mejores ejemplos que puede darse a nivel investigativo en esta temática de acoso del empleador por la situación migratoria está en lo que ocurrió con el grupo de restaurantes Morton´s Inc., quienes obligaron a dos personas a demostrar con más papeles de los que debían el permiso para ejercer un empleo en Estados Unidos, cuestión que finalmente terminó en despido y en problema judicial para la filial de Portland.

Luego de comprobada la situación, y aceptado el pago de una multa de $2,200 y $8,600 a los dos empleados despedidos, Morton´s se comprometió a capacitar a todos sus empleados en relación a las protecciones federales contra la discriminación.