El debate está servido, ¿economía o derechos humanos? La situación de los inmigrantes en la Unión Europea específicamente en los tiempos convulsos por los que atraviesa la economía, es muy compleja.

Tras años en los que permitir la inmigración ilegal se convirtió en un asunto rentable para los gobiernos, mano de obra barata con la que se mantenía el superávit de los sistemas de protección social y, con él, la posibilidad de retrasar una migración hacia sistemas de protección privada como los que existen en Latinoamérica.

Hoy, todo ha cambiado, al menos los gobiernos buscan un cambio estructural y no en vano, se ha creado una directiva que estudia la forma de expulsar al mayor número de personas sin residencia legal que viven en la Unión Europea.

Más de ocho millones de inmigrantes

El grupo de los 27 estudia la forma de organizar y coordinar la repatriación de los más de ocho millones de inmigrantes que residen de forma ilegal en la zona euro.

La normativa establecerá los siguientes requisitos:

Se permite un plazo de 6 meses prorrogables a 18 en casos considerados excepcionales, como plazo máximo para efectuar la detención y repatriación de los llamados “sin papeles” residentes.

Con estos plazos, toda la zona euro se adecua a la legislación vigente en Francia e Italia. Abriendo la posibilidad de ampliar los plazos a países como España, donde actualmente los plazos máximos de detención son de 40 días.

Rechazo Social

Ante esta medida, muchas ONG´s organizan manifestaciones en rechazo a Bruselas y su intención de expulsar a residentes indocumentados y tras el suicidio de un ciudadano originario de Camerún que se quitó la vida por estar retenido en Bélgica. Esta situación ha desatado la polémica entre las ONG´s y las autoridades, en relación con la directiva de retorno.

La detención contempla casos excepcionales para los menores sin protección y la prohibición de entrada en la Unión Europea durante cinco años.

Desempleo y crisis causantes de estas medidas

Las altas tasas de desempleo han derivado en un endurecimiento de las políticas de inmigración. Berlusconi en Italia prometió el cierre de fronteras y la creación de campos donde ubicar a los inmigrantes indocumentados para ser identificados. Sarkozy, por su parte es contrario a las regularizaciones arbitrarias y ha informado que luchará activamente contra los empresarios que contraten inmigración ilegal.

Y, es que la zona euro contempla más de 2 millones de inmigrantes cada año. Según un estudio llevado a cabo por los investigadores de Centre For European, un millón de ellos son ilegales, datos que superan las cifras, incluso, de Norteamérica.

El proyecto de la directiva del Parlamento y la Comisión Europea, trabaja en la creación de procedimientos consensuados que se apliquen por igual en todos los estados miembros y que contemplen el retorno de los ciudadanos no pertenecientes a la Unión que se encuentren en situación irregular.

Una situación que se produce debido a las altas tasas de desempleo y la necesidad de reestructurar la masa de población activa al nuevo modelo que se perfila tras la crisis económica. Conviene no olvidar que la inmigración fue utilizada en los años de bonanza económica como mano de obra barata destinada a la construcción y al mercado inmobiliario y hoy, ambos sectores se debaten entre el colapso y la destrucción mientras todas las proyecciones dan por finalizada la era de la “bella época del ladrillo”.

Cada país podrá optar

Los países de la Unión, si bien se pretende la unificación y el consenso en su grado máximo, tendrán la libertad de acoger a los inmigrantes expulsados que se encuentren indocumentados.

Asilo y detención

Esta normativa no afecta a la inmigración demandante de asilo político, ya que esta figura se rige por los preceptos establecidos en la Convención de Ginebra de 1951, en concreto, en el estatuto del Refugiado. Si bien se establecen pautas de actuación preventivas a fin de evitar que la solicitud de asilo se produzca con posterioridad a la denegación del permiso de residencia definitiva en el país.

La detención por su parte, únicamente se efectuará en caso de riesgo de fuga para impedir la repatriación.

Cambios con la normativa actual

Estos cambios son radicales si comparamos la normativa anterior. Para comenzar, los países de la Unión Europea cuentan con plazos de detención absolutamente heterogéneos.

Transcurridos los plazos, actualmente, la legislación vigente establece la puesta en libertad del inmigrante y la posibilidad de continuar con sus actividades a la espera de una regularización futura.

La normativa es únicamente aplicable a los países que tienen convenios bilaterales vigentes y los menores no acompañados tienen que ser asistidos por un abogado de inmigración mientras dure su proceso de detención, garantizando de esta forma el retorno a los países de origen y preservar los derechos humanos de las personas.

En el Parlamento Europeo, sin embargo, la polémica está servida, mientras los gobiernos tradicionales abogan por la pronta implantación de la normativa, grupos como los verdes exigen medidas protectoras y abogan por la integración y la regularización automática, además de ser contrarios absolutamente, a un plazo de detención de 18 meses.

Conclusiones

España por su parte, se debate entre la primacía de la seguridad que potencia la Unión Europea y el derecho de las personas a emigrar en la búsqueda de un futuro mejor.

Y, si bien es cierto que, históricamente, países como México, Venezuela y Argentina han sido recibidos por España sin ningún tipo de restricción, lo cierto es que hoy, la situación en términos no solo económicos sino de delincuencia –tráfico de drogas, armas, etc.- se ha convertido en un país de dimensiones descomunales, tanto en términos sociales, como en términos económicos y todo esto sumado a un éxodo de ciudadanos provenientes de países de Europa del Este y África, quienes además tienen el hándicap del idioma, añadido como barrera para la integración, especialmente ante este adverso escenario, lo que promueve las actividades de carácter ilegal con el fin de sobrevivir.

Y la solución para la vieja Europa no es fácil, debilitada económicamente y con niveles de desempleo históricos, en los que los inmigrantes no tienen cabida, pero simultáneamente se enfrenta a una población que envejece y con índices de natalidad que hacen indispensable la mano de obra inmigrante para mantener su sistema productivo.

Posiblemente la solución, aunque tardía, debiera ser el establecimiento de cupos reales para inmigrantes cualificados, basados en la demanda real de mano de obra especializada y de un esquema de inmigración similar al de Estados Unidos, Canadá o Australia, países que, históricamente, han sido receptores de inmigrantes y que han sabido convertir la energía y ganas de personas que buscan un nuevo lugar para establecerse y prosperar.

Para ello se requiere consenso y sincerar las posiciones y estadísticas, además del cambio social indispensable, especialmente en momentos como el actual, en que los inmigrantes son vistos como “roba empleos” y como gente de mal vivir.

El problema es que lo que mal comienza, mal acaba y sin duda, salvo excepciones como Alemania, el Reino Unido y los países escandinavos, la inmigración en el resto de Europa, más que una solución a largo plazo, se ha convertido en el chivo expiatorio de políticos y grupos de presión para desviar la atención de la opinión pública y si no..., que le pregunten a los españoles.