El enfrentamiento entre el gobierno federal y estatal sobre una de las leyes de inmigración más severas que obligaría a miembros de la policía estatal y local a cuestionar y arrestar inmigrantes indocumentados ha sido considerado por el gobierno del Presidente Obama como un hecho de no competencia estatal, por lo que con esta demanda se busca obtener un mandato judicial que prevenga la entrada en vigencia el 29 de julio de 2010 de la ley de senado (Senate Bill) 1070.

El Abogado General Eric Holder manifestó que entiende que los residentes de Arizona estén “cansados de la inmigración ilegal”, pero que establecer políticas de inmigración y enforzar las leyes de inmigración es una responsabilidad nacional. "El buscar lidiar con este tema a través del parchado de leyes estatales solamente creara más problemas que los que pueda resolver”, reportó el Wall Street Journal.

La copia del escrito de la demanda en su versión original en inglés que fue presentada en la Corte Distrital de los Estados Unidos en Phoenix, Arizona, puede leerse aquí

En el escrito se incluye un párrafo que indica:

Aunque un estado puede adoptar regulaciones que tienen un efecto directo o indirecto en extranjeros, un estado no podría establecer su propia política de inmigración o hacer valer leyes estatales en una manera que interfiere con las leyes inmigratorias federales… El estado de Arizona ha cruzado esta línea constitucional.

Representantes gubernamentales de Arizona a favor de la mencionada ley SB 1070, firmada por la gobernadora de Arizona Jan Brewer en Abril del 2010, se han venido manifestando en contra de los esfuerzos del gobierno federal por tratar de frenar dicha iniciativa legal. Por otro lado, los detractores consideran a la mencionada ley como una clara violación a la constitución de los Estados Unidos, algo que la gobernadora Brewer juró respetar y defender al inicio de su mandato.

La Secretaria de Estado Hillary Clinton reveló las intenciones del Departamento de Estado el mes pasado, lo cual indica que los representantes del gobierno de turno han venido preparando el caso a fin de declarar la mencionada ley SB 1070 como inconstitucional.

Esta reciente acción por parte del Departamento de Estado se une a un grupo de otras demandas efectuadas por policías de Phoenix y organizaciones de defensa de los inmigrantes, locales y nacionales, que han logrado obtener escuchas en la Corte Distrital de los Estados Unidos establecidas para los días 15 y 22 de Julio con la juez federal Susan Bolton.

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