Se endurecen las políticas anti-inmigratorias

Finalmente se dio. Con la crisis económica mundial, los gobiernos de los países más desarrollados han ido implementando en sus legislaciones, políticas cada vez más restrictivas de inmigración.

Indiferentemente de la ideología del gobierno de turno en cada país, en Europa, la mayoría de naciones han apostado por desarrollar leyes entre los dos partidos más grandes para imponer mano más dura y así, dificultar la entrada de población inmigrante a sus fronteras.

Es el caso, por ejemplo, de España, en donde el partido en el poder, de corte socialdemócrata, realizó en 2005 una regularización masiva de los inmigrantes; ha cedido a las presiones de la oposición de centro-derecha, pactando con el principal partido oponente una nueva Ley de Extranjería, muy criticada por parte de organizaciones relacionadas con los derechos civiles.

En la mayoría de países desarrollados, declaran los activistas civiles, se están desarrollando nuevas leyes sobre extranjería que favorecen un endurecimiento escalado hacia el trato con el inmigrante, llegando a admitir la detención e internamiento en centros hasta dos meses, cuando por esas mismas faltas a cualquier ciudadano nacional, se le aplica por norma general una simple multa.

Estos tipos de centros de internamiento han sido criticados numerosas veces, tanto por responsables de la Unión Europea, como por este tipo de organizaciones civiles; sin embargo, la mayoría de los gobiernos han aumentado progresivamente el gasto para el mantenimiento de los mismos, con el fin de favorecer así una aceleración en el proceso de detención, internamiento y expulsión de los inmigrantes a sus países de origen.

Otra cuestión

En numerosos casos resulta imposible averiguar de qué país es originario un inmigrante detenido, por lo que es frecuente, que cualquier país que lo expulsa lo traslade a otro lugar diferente de su origen, con los problemas que todo ello puede conllevar.

La solución parece estar en que sea necesario tener un contrato de origen antes de ir a residir a cualquier país extranjero, sin embargo surge el problema de qué hacer con el inmigrante que finaliza su contrato de trabajo.

En el caso de que se plantease una estancia determinada después de haber perdido un empleo, sería probable el fraude y con ello estaríamos en la misma situación que la actual.

Algunos, como los gobiernos conservadores italianos, han optado por sacar patrulleras al mar y dar cañonazos a las embarcaciones de inmigrantes que traten de penetrar en sus costas, lo que no hace sino recordar viejos gobiernos del siglo pasado, basados en modelos de sociedad racistas e inhumanos.

"Los flujos de mercado no parecen entender de emociones humanas"

De esta forma puede suceder que durante un tiempo la demanda de consumo haga que lleguen centenares de miles de inmigrantes a un país pero que, en una situación como la actual de crisis económica a nivel mundial, suceda que las empresas rescindan sus contratos y nadie quiera contratarlos ni ofrecerles ayuda alguna.

Los hay que afirman la solución definitiva a los problemas, que es la de que todos los países desarrollados se tomen de una vez en serio las promesas para acabar con la pobreza y contribuyan a colaborar en el mercado de las naciones tercermundistas para así evitar que su población tenga que salir huyendo al exterior en busca de una mejor calidad de vida. Sin embargo, de realizar tamaña inversión, declaran otros que se perderían numerosos privilegios de las naciones más potentes y desarrolladas, algo a lo que parece que ni empresarios ni empleados están dispuestos a ceder.