La Unión Europea

Algunos parlamentarios conservadores han anunciado estar preparando nuevas reformas sobre expulsión de inmigrantes indocumentados en Europa para aplicarse a partir de mediados de 2010. La Comisión Europea ha emitido algunos comunicados a los medios de comunicación que levantaron expectación y algunas críticas por parte de autoridades sudamericanas y la oposición de extrema derecha en el Parlamento Europeo.

Para la Comisión, es imprescindible que los veintisiete países miembros de la UE apliquen medidas iguales a la hora de tratar a los inmigrantes, y sobre todo hace falta una política común en cuanto al trato con ciudadanos extracomunitarios que soliciten asilo político, para evitar que algunos indocumentados se aprovechen de este tipo de tramitaciones y permanezcan de forma fraudulenta en los países miembros.

En este sentido, la Comisión indicó que las tramitaciones a ciudadanos que soliciten asilo no deberían extenderse más allá de los seis meses en ninguno de los países miembros. En la actualidad, en países como España o Italia este tipo de tramitaciones pueden prolongarse incluso durante años, ya que los gobiernos deben estudiar las peticiones de asilo a fondo, sobre todo cuando se trata de ciudadanos provenientes de países como Venezuela, cuyo régimen no está contemplado explícitamente como no democrático al uso.

Los países del sur de Europa a lo largo de la historia se han mantenido siempre más abiertos para recibir inmigración. Sin embargo, durante los últimos años, parecen haber adoptado posiciones comunes a la hora de protestar y anunciar en conjunto que son incapaces de tramitar la llegada de miles de inmigrantes en embarcaciones o vuelos de forma ilegal.

Se calcula que solamente en España, cada día entran de media unas 70 personas de forma ilegal.
Diversas ONG y grupos de libertades civiles han denunciado ante los medios de comunicación en numerosas ocasiones el trato que reciben los inmigrantes en los países miembros de la UE, ya que en función de cada nación, en algunos se tramitan y aprueban aproximadamente ochenta de cada cien peticiones de ciudadanos iraquíes para permanecer en Europa, mientras que en otros prácticamente ninguna solicitud es aprobada. Lo mismo sucede con ciudadanos que llegan desde países como Cuba, Venezuela o Arabia Saudí en los últimos meses.

La Comisión pretende que se dé comienzo al debate para adoptar una política de tramitaciones en común, por ahora la propuesta será debatida por todos los países miembros y más adelante se batallará en el Parlamento Europeo, de mayoría conservadora. Si no se aprueba por este último, no podrá entrar en vigor como ley comunitaria. Los países dispondrán en caso de aplicarse la ley un plazo de tres años para adaptarse antes de ponerla definitivamente en vigor.

En los medios de comunicación de algunos países miembros, diversos parlamentarios conservadores se han pronunciado a favor de la aplicación de nuevas reformas que faciliten una política común europea respecto al trato con los inmigrantes.

Las últimas reformas sobre inmigración aprobadas en el Parlamento Europeo generaron numerosas polémicas, tanto en la oposición de izquierda como en los países sudamericanos, que la tacharon como “Directiva de la vergüenza”. La polémica surgió sobre todo por el apartado en el que se establecía un periodo máximo de hasta 18 meses para expulsar a cualquier inmigrante ilegal detenido en territorio europeo.

La política de inmigración ha estado dominada en los últimos años por el sector conservador del Partido Popular Europeo, e incluso algunos moderados socialistas han apoyado las directivas como la de 18 meses. La mayoría conservadora parlamentaria se ha visto incluso ampliada tras la celebración de las últimas elecciones europeas.

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